Por una gestión estatal

Sesión del 27/06/13, sobre la tragedia ferroviaria de Castelar

Sr. VAGO (FAP).- Señor Presidente: Un mes después de la tragedia de Once, nuestro bloque presentó un proyecto planteando la rescisión del contrato de TBA y la operación del servicio de las líneas Mitre y Sarmiento por la sociedad estatal Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.

Este proyecto fue rechazado por esta Cámara. En ese momento habían fallecido 51 personas más una, 52 en total. Meses después, el Estado Nacional rescinde la concesión de TBA y en el juicio que se está llevando adelante, el juez Bonadío manifiesta: “El siniestro se produjo por una trilogía siniestra de empresarios, funcionarios y sindicalistas, por medio de actos de administración infiel de los fondos públicos transferidos por el Estado, que generaron una cadena de la felicidad, destinada a enriquecer de manera ilícita y espuria a una serie de empresas vinculadas entre sí y pergeñadas alrededor de Sergio Cirigliano.

"Este accionar solo fue posible por la inacción parcial de los organismos de control y los funcionarios con competencias administrativas específicas que no realizaron los controles que en tiempo y forma debían hacer, sino que, además, cuando estos detectaron anormalidades, omitieron actuar en consecuencia".

Esto sostuvo el juez Bonadío en la sentencia por la cual procesó a los Cirigliano y a los funcionarios de la Secretaria de Transporte y de la CNRT.

Hoy ocurrió nuevamente una tragedia, un accidente. ¿Por qué se produjo ese accidente? Porque el servicio, en vez de ser operado por el Estado Nacional y de acuerdo con normas públicas, es operado por una especie de concesión, porque es un servicio de emergencia brindado por dos ex concesionarias de las líneas Belgrano Norte y Urquiza: las empresas Roggio y Emepa.

Entonces, señor Presidente, ese gerenciamiento que recibe de parte del Estado, el 6 por ciento de todos los gastos que realiza -y que administra por sí mismo-, el mismo Estado que el año pasado entregó a los ferrocarriles 4.500 millones de pesos, en su acta acuerdo tiene una cláusula, más precisamente su articulo 6º, que dice: "En el supuesto de que mediara alguna acción o reclamo en tal sentido, judicial o extrajudicial, ya sea en relación a los bienes o al servicio propiamente dicho, el Estado Nacional deberá mantener indemne al operador, en cuyo fin deberá concurrir en su defensa en los términos que prevé el segundo párrafo del artículo 9º ".

Entonces, ¿qué dijo la Auditoría General de la Nación respecto a estos contratos que no son tales sino concesiones de emergencia vigentes desde 2007? La Auditoria General dijo que esos contratos no tienen riesgo empresario, dan indemnidad a favor del operador y tienen ausencia de régimen de penalidades. Después de 11 años, la semana pasada fue sancionado dicho régimen; insisto, después de 11 años, sin ninguna multa por el tipo de servicios que se venía prestando, fue sancionado la semana pasada.

La Auditoría General también dijo que es un marco de transitoriedad y de precariedad que no resulta deseable en virtud de la naturaleza de los servicios involucrados, que no cumple -para administrar los fondos del Estado- los principios de publicidad, concurrencia, competencia y transparencia. En este marco se presta servicio al 82 por ciento de los pasajeros transportados en las líneas metropolitanas.

¿Qué planteamos nosotros? Planteamos que el Estado Nacional se haga cargo del servicio a través de una empresa estatal, con contabilidad pública, que se eliminen estas concesiones que vienen de los '90, porque son las mismas empresas de aquella época. ¿Qué vamos a esperar? Yo, que he viajado permanentemente en el Sarmiento y como muchos otros que somos de Moreno, nos preguntamos qué se espera para eliminar este intermediario de los fondos del Estado.

La Secretaría de Transporte ayer creó una empresa para administrar los 17 mil trabajadores que se desempeñan en las empresas que no son manejadas por el Estado sino por los concesionarios. Esto fue una labor, una posición. ¿Esta es la renovación, este es el cambio, poner una empresa, cambiarle el nombre a Belgrano Cargas Sociedad del Estado, que venía absorbiendo 17 mil trabajadores y llamarla Administradora Ferroviaria de Recursos Humanos? No hay tal cambio. Es el Estado el que tiene que gerenciar.

La mejor figura para el privado es la que le da indemnidad, por la que cobra el 6 por ciento.

Entonces, señores, ¿qué estamos pidiendo? Acá hay muchas bancadas que tienen un pensamiento acerca del rol del Estado, los trenes nunca han sido privados, siempre han sido del Estado. En la concesión, el país tiene la capacidad técnica para administrar los trenes. Estamos en una situación absurda, hace 30 años, a Moreno se viajaba en 49 minutos con el tren estatal y hoy se tarda 1 hora y 10 minutos.

Entonces, qué estamos esperando para tomar una posición y decir, así como el Estado ha tomado un rol en determinados temas, debe tener un rol en esto, tener control social, con contabilidad pública y que los 4.500 millones de pesos que se transfieran sean controlados y verificados por el Estado Nacional.

Para finalizar, quiero decir que –para mí- existe un hilo conductor que une a la Patria financiera del ’70, la Patria contratista del ’80, la Patria privatizadora del ’90 y a la Patria subsidiada de la década kirchnerista; los beneficiarios en el caso de los trenes son los mismos, y el perjudicado siempre ha sido el pueblo, que necesita este gran integrador social, que es el ferrocarril, para poder llegar a horario y con seguridad a su trabajo.

Nada más, señor Presidente.