"No queremos la formación de ejércitos privados en la Provincia"

Análisis del Diputado Provincial Ricardo Vago

El dictamen de la Comisión de Legislación General de la H.C.D de la Provincia de Bs. As., sobre el proyecto del Diputado Budassi (FPV) ataca directamente la concepción de la seguridad como un servicio público a cargo del Estado.

El proyecto propone otorgarle a las compañías privadas facultades similares a las que hoy ostenta la policía bonaerense. Por eso, desde el Frente Progresista Cívico y Social, planteamos el debate y expusimos en los medios de comunicación los aspectos más peligrosos de un proyecto que se intentó sancionar sin ningún tipo de discusión.

Un elemento sustancial de la norma es la eliminación del tope de mil empleados como el número máximo al que puede aspirar una empresa de seguridad. Esta reforma, sumada al permiso de ingreso a compañías extranjeras, configura un escenario muy preocupante. Algunas empresas internacionales, como Kroll o Blackwater (fuertemente vinculada al ex vicepresidente de George W. Bush, Dick Cheney), entre las más conocidas, son gerenciadas por ex agentes de la CIA y el FBI.

La ausencia de regulación permite el ingreso sin control de componentes empresariales vinculados no sólo a las agencias de inteligencia extranjeras, sino también al crimen organizado, siendo el caso más preocupante las potenciales vinculaciones con el narcotráfico.

Según datos de las cámaras del sector, ya son más de 700 las empresas que actúan en el país, las cuales sumarían aproximadamente 120.000 agentes y representarían una facturación anual de 3.200 millones de dólares. En caso de aprobarse un marco legal sin restricciones, como el que propone el FPV, podrían crearse verdaderos ejércitos privados en nuestro país.

La iniciativa permite que las empresas tengan enlace directo con el 911. De este modo, información policial que debería estar protegida por el Estado podría terminar en manos de las agencias privadas. A su vez, el art. 2 dispone la incorporación de la vigilancia electrónica y la videovigilancia como una forma autónoma de seguridad privada.

Mientras que en legislaciones similares en la materia (como por ejemplo en el caso de la Ciudad de Buenos Aires o de España) se pone muy en claro la importancia de regular y controlar la videovigilancia, dejándose taxativamente claro que la captación de imágenes en espacios públicos es exclusiva responsabilidad del Estado y que los servicios privados de videovigilancia solo y únicamente pueden captar imágenes del ámbito privado de las personas que contratan sus servicios quedando prohibido captar imágenes del exterior, en el presente proyecto se deja una gran laguna legislativa propensa a cualquier interpretación interesada.

El texto que se propone prohíbe la intervención de las agencias privadas en conflictos de carácter político, laboral, sindical o religioso, pero lo permite en caso de “flagrancia”. Por ejemplo ¿Qué conflicto laboral se desarrolla sin violar alguna norma? La amplitud de la redacción autoriza a que los agentes privados actúen en temas muy sensibles que deberían ser de exclusiva competencia estatal.

Por otra parte, el nuevo marco jurídico que crea el proyecto resulta perjudicial para los trabajadores del sector, ya que los obliga a cumplir y a desempeñar un rol para el cual no fueron preparados ni están capacitados, exponiéndolos a soportar las consecuencias jurídicas, civiles y penales, que podría ocasionar su accionar, situación por la cual no reciben ningún tipo de compensación económica extra. En otras palabras, el empresario les asigna a los trabajadores una desproporcionada mayor responsabilidad y encima por el mismo sueldo.

A su vez aparece la incoherencia entre los requisitos vigentes para ser policía y los que el proyecto de ley propone para trabajar de forma privada. Para ser un miembro de la fuerza pública es necesario ser ciudadano argentino, tener título secundario y una formación equivalente. En cambio un vigilador privado con un curso de 10 hs puede cumplir funciones y aquellas personas que han tenido antecedentes penales por trata o narcotráfico no están inhabilitados para integrar los directorios de las agencias privadas.

En síntesis el proyecto del FPV se contradice con la Ley Provincial de Seguridad Pública, la que dispone que “la seguridad pública es materia de competencia exclusiva del Estado y su mantenimiento le corresponde al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires”, esto es lo que debemos defender como diputados.