Diputado Ricardo Vago: “Es una incorrecta política del Estado que afecta a la población civil de Escobar"

AUDIENCIA PÚBLICA EN LOS TRIBUNALES DE SAN MARTÍN

En 2011 en el kilómetro 74 del Río Paraná de las Palmas se construyó, en la hidrovía más transitada del país, un muelle precario para instalar un buque regasificador. El cual se encarga de transformar el GNL (Gas Natural Licuado) que se encuentra en estado líquido a estado gaseoso. Esta sustancia es transportada en un buque metanero que se amarra al lado del otro y realiza el traspaso a través de mangueras. En esta época del año, con las bajas temperaturas, cada 48 hs aproximadamente ingresa al puerto un buque metanero que transporta 60 mil toneladas de GNL. Es decir que en caso de un accidente en el recorrido o puerto, cualquier explosión afectaría aproximadamente 20 kilómetros a la redonda, destruyendo absolutamente todo. El riesgo aumenta si se pone a consideración la gran cantidad de buques que transitan por la hidrovía, las condiciones precarias en las que trabaja el buque, las sudestadas propias de la región, sumado a que es una zona donde han ocurrido varios incendios. A su vez las normas internacionales sólo aprueban la construcción de este tipo de proyectos a 20 kilometros mar adentro, debido a la peligrosidad de la explosión.

El Puerto Regasificador funciona violando las normas internacionales de seguridad. Se encuentra operativo sin calcular riesgos ambientales, sociales y humanos. Es por eso que el diputado provincial Ricardo Vago (FA UNEN) mantiene el compromiso con los vecinos de Escobar que no aceptan un presente sin modificaciones y por ello se comprometen con el futuro de su pueblo. Ayer el legislador del Partido Socialista participó de la audiencia pública celebrada en la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín donde se hicieron presentes vecinos de ese municipio, integrantes de organizaciones sociales y partidos políticos, además de la asistencia de los jueces Dr. Fossati Hugo Rodolfo, Dr. Fernández Marcelo Darío y la Dra. Soto Lidia Beatriz. Los magistrados sólo escucharon a los querellantes.

A modo de ejemplo Ricardo Vago expuso que “en los últimos tres años sindicatos y empresarios vinculados con la actividad denunciaron y reclamaron mayores medidas de seguridad, junto con mayores controles de navegación en la hidrovía Paraná – Paraguay. De hecho en abril de este año el secretario general del Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, Juan Carlos Schmid, reclamó al canciller Héctor Timerman que se reúna con el Gobierno del Paraguay para acordar “una solución” ante la sucesión de accidentes en la hidrovía Paraná – Paraguay. También el dirigente gremial remarcó que en los últimos tres años ya van nueve trabajadores muertos en dos accidentes que demuestran la irresuelta problemática. Estos datos son importantes porque muestran el riesgo y la falta de controles en la hidrovía”.

Sobre el Puerto Regasificador de Escobar, el dirigente del Frente Amplio UNEN destacó los riesgos: “Estamos hablando de 60 mil toneladas de GNL (gas natural licuado) de alta presión, una operación que se realiza sin contar con ningún estudio previo cuando encierra un peligro potencial de explosión, expansión y de radiación calórica”.

El Diputado Socialista Ricardo Vago sostuvo que se debe recordar que el legislador mandato cumplido Sebastián Cinquerrui, solicitó en mayo de 2011 “información al Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable (OPDS) sobre el impacto ambiental del Puerto Regasificador de Escobar, y en septiembre de ese año el Director del organismo contestó que no había registros o documentos sobre las empresas involucradas en el proyecto cuando el Puerto había comenzado a funcionar cuatro meses antes, lo que demostró que estaba funcionando sin ningún tipo de conocimiento ni control”.

En la Audiencia Pública la querella ratificó que “los ciudadanos de Escobar sostienen el rechazo al Puerto Regasificador, exigen el cese inmediato, con un carácter preventivo, de toda actividad porque ante los riesgos vigentes atenta contra la paz social y con la salud pública”.

Por último, el diputado Ricardo Vago justificó el fin de las operaciones en Escobar porque, “en caso de producirse un accidente no existe un plan de contingencia que proteja la seguridad individual y colectiva. Por las características propias del combustible de haber un accidente no hay forma de controlar la explosión”.

El Tribunal de San Martín que entiende en la causa, manifestó que “se expedirá en el tiempo que considere oportuno, después de analizar toda la documentación aportada por los querellantes”.