¿Los únicos privilegiados? El fracaso de las políticas de niñez

Los fracasos de la gestión Scioli

ÁREA de GESTIÓN: Políticas de Niñez y Adolescencia

Título: ¿Los únicos privilegiados? El fracaso de las políticas de niñez y adolescencia en la Provincia de Buenos Aires

Resumen de la problemática: Desde el año 2005, rige en la Provincia de Buenos Aires la Ley 13.298, que ha significado un profundo cambio de paradigma en relación al sistema de patronato. A casi ocho años de su promulgación, nos encontramos con un escenario caracterizado por el deterioro de las condiciones de vida de niños, incumplimientos legales, implementaciones parciales, financiamiento insuficiente, mala distribución de los recursos, atrasos en los pagos, descentralización sin regulación, desmantelamiento de los efectores del sistema, precarización laboral de los trabajadores del área y falta de acceso a la información. La principal consecuencia es la desidia y el abandono al que se ven sometidos los más de 4.657.467 de niños, niñas y adolescentes bonaerenses.

Aspectos Importantes

En la Provincia de Buenos Aires en materia de niñez y adolescencia rige la Ley 13.298 (sancionada 29/12/04 y promulgada el 27/1/2005), que junto al decreto reglamentario Nº 300/05 y su complementaria Ley 13.634/07, brindan marco legal al Sistema de Protección y Promoción de los derechos de Niños, Niñas y Adolescentes. Se trata de una norma basada en el enfoque de derechos, y que en términos conceptuales, ha significado un profundo cambio de paradigma, respecto al anterior régimen “judicializante” de la Ley de Patronato (10.903).

El Sistema funciona a través de acciones intersectoriales desarrolladas por entes del sector público, de carácter central o desconcentrado, y por entes del sector privado. Para el logro de sus objetivos el sistema de promoción y protección integral de los derechos de los niños debe contar con los siguientes medios: políticas y programas de promoción y protección de derechos; organismos administrativos y judiciales; recursos económicos; procedimiento; y medidas de protección de derechos.

Sin embargo, su puesta en marcha depende de la adhesión voluntaria de los municipios y principalmente de la definición política del gobierno provincial de brindar todos los recursos necesarios para su plena y efectiva implementación.

A ocho años de su promulgación, organizaciones sociales y trabajadores de niñez comprometidos en la temática, continúan denunciando el incumplimiento de las responsabilidades provinciales en los convenios, el vaciamiento del sistema, la precarización de los trabajadores y la ineficacia de las políticas sociales destinadas al área. El aumento de las problemáticas y sus complejidades, requieren de un abordaje integral y de respuestas que atiendan dicha multidimensionalidad. En tal sentido, una clave central de este nuevo enfoque es la participación y corresponsabilidad entre el Gobierno y la Sociedad Civil local, para pensar y proponer conjuntamente, políticas efectivas en defensa del interés superior del niño. La falta de financiamiento acorde, la carencia de estructura necesaria (material y humana), la dificultad de materializar ámbitos reales y pertinentes para la deliberación conjunta - y por lo tanto –la imposibilidad de alcanzar planes de acción y orientación participativa de las partidas presupuestarias asignadas, vienen signando desde los inicios la plena implementación de la Ley. El principal problema es la desidia y el abandono al que recaen los más de 4.657.467 de niños, niñas y adolescentes bonaerenses.

Desde nuestro punto de vista, estos son los siguientes diez aspectos que describen de manera precisa y exhaustiva las principales características de las políticas públicas que la Provincia viene implementando en el área de niñez y adolescencia:

1. Deterioro de las condiciones de vida de Niños. La situación del Gran Buenos Aires es más regresiva que en el resto de la provincia y que en el promedio nacional, tanto para algunos indicadores socioeconómicos en el 2001, como para algunos indicadores que dan cuenta de la realidad social hacia el año 2010 (Ministerio de Salud y OMS, 2012).

2. Incumplimiento Jurídico. El enfoque de derechos que propone este cambio de paradigma normativo, no guarda correlato con las prioridades de agenda de gobierno ni las responsabilidades asumidas por Ley.

3. Implementación Parcial. La creación y puesta en marcha de figuras para garantizar el sistema de promoción y protección de Derechos (como los servicios locales y zonales, consejos locales, observatorio social, la comisión interministerial, defensor del niño, etc.) ha sido parcial, insuficiente o en muchas ocasiones nula, dejando un “hueco” administrativo e instrumental fundamental para el funcionamiento de los dispositivos establecidos

4. Fondos insuficientes. A pesar de que la ley prevé la asignación de recursos económicos, la ausencia de una ley de financiamiento especifico para la plena aplicación del sistema, conlleva a depender del criterio político en la asignación de recursos y a recortar gastos de otras áreas sensibles, sin resolver el problema de la falta de fondos necesarios y genuinos.

El Presupuesto Provincial previsto para el Ejercicio 2013 es de $139.019.619.800, del cual a la Secretaría de Niñez y Adolescencia se le destinaría $678.419.800 (apenas el 0,488%). Más aún, de 2011 a 2012, el presupuesto ejecutado en el Programa Niñez y Adolescencia bajó de $98.694.492 a $74.409.384, lo cual en pesos constantes (es decir, ajustado por inflación) representa una merma del 37,7%.

El siguiente gráfico compara el gasto en publicidad efectuado exclusivamente por la Unidad Gobernador (es decir, lo que gastó en publicidad solamente el Gobernador Scioli) con el gasto en Políticas de Niñez.

El segundo gran escollo en materia presupuestaria, además del escaso financiamiento, es la subejecución de las partidas presupuestarias.

El siguiente gráfico da cuenta del alto grado de subejecución que el año 2012 (hasta el mes de noviembre) de los créditos presupuestarios destinados a los dos programas principales del área de niñez y adolescencia.

5. Mala distribución de recursos. Efectores y programas centralizados en determinadas regiones, sin criterio de densidad y complejidad poblacional/social, desarticulación y superposición con propuestas de distintos dispositivos (nacionales, provinciales municipales), orígenes (públicos o privados) y áreas (salud, educación, asistencia, etc.), dificultan la tarea burocratizando la asistencia y actuando en forma superpuesta y fragmentaria

6. Atraso en los pagos. Año tras año son crecientes los reclamos por atraso en el pago de becas, convenios con instituciones, salario de los trabajadores, conllevando en reiteradas oportunidades al cierre de instituciones e interrupción de programas y prestaciones

7. Descentralización sin regulación. El desfinanciamiento de las estructuras, la falta de regulación y monitoreo de programas descentralizados, dan origen a la utilización discrecional de partidas, de asignación de recursos y/o prestaciones de servicios por parte de los municipios.

8. Desmantelamiento de los servicios efectores del sistema. El vaciamiento de políticas sociales destinadas a la asistencia y promoción, abren lugar a intervenciones estatales de tendencia represiva. Los niños/as y adolescentes de la provincia siguen siendo victimas de abusos, maltratos, exclusión y de la corrupción, el tráfico de drogas, la prostitución, el trabajo infantil en connivencia del poder político, policial y judicial. Sin embargo, al momento de tomar medidas, “la cadena se corta por el eslabón más débil”: la “criminalización” de la niñez y juventud de los sectores populares.

9. Precarización laboral de los trabajadores de niñez. Se han acrecentado los despedidos sin incorporaciones y los salarios indignos o nombramientos no acordes a las tareas y responsabilidades asignadas.

10. Falta de accesibilidad a la información y los recursos disponibles. Carencia de estadísticas e información necesaria para planificar en la materia.

En definitiva, se trata de la perversidad de un gobierno de “doble moral”, que por un promueve legal y discursivamente el reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, y por el otro, evidencia claramente su falta de decisión política y compromiso al respecto.

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